PLD rehuye también al debate judicial

La decisión dictada ayer tarde por la Juez Interina de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional de declarar inadmisible por extempóranea la solicitud del PRD de imponer medidas de coerción al Ing. Felix Bautista, con motivo de la querella interpuesta en su contra por violación a las leyes penales en el caso de la Sun Land y los 130 millones de dólares, es una demostración del deterioro institucional que vive la República Dominicana.

Se trata de una decisión inconstitucional, que viola los derechos del PRD, toda vez, que antes de haber tomado esa decisión, la autoridad judicial debió haber citado al PRD para escuchar su opinión. Se vulneró el derecho de defensa de nuestra organización, como querellante. Y además, viola el Código Procesal Penal, al no haber celebrado una audiencia en el plazo de tres días, a partir de la fecha de la solicitud de las medidas de coerción, para conocer y decidir sobre los méritos de la referida solicitud. Nada de esto se hizo.

Los voceros oficiales del PLD han querido presentar la decisión de la juez como un revés al PRD, es decir, como si la querella hubiere sido declarada inadmisible. No. La decisión sobre la inadmisibilidad o no de la querella le corresponde al Fiscal del Distrito Nacional. Anticipo que, si la decisión es adversa al PRD, como es previsible, puesto que el Fiscal es un subordinado del Presidente Leonel Fernández, la apelaremos.

Ahora bien, en el fondo, lo que todo esto evidencia es que el PLD está rehuyendo al debate político y al debate judicial. No quieren un enfrentamiento serio ante la solemnidad de la justicia sobre la verdad de los US$130 millones de dólares.

Por eso, aprovecho este apunte de hoy, para reiterar y ratificar la línea de nuestra organización: Este caso de la Sun Land lo llevaremos hasta las últimas consecuencias, confiados en el Poder Judicial, para que nunca jamás un Presidente pueda endeudar al país sin la aprobación del Congreso Nacional, y nunca jamás se realicen transacciones financieras, sin los registros públicos fehacientes, sin que se sepa el destino real de estos recursos.

Esto es cuestión de principio.