Propiedad Intelectual o la política del big stick

Todos los gobiernos tienen sus caras duras. El/la presidente/a puede ser la persona más popular, pero tiene alguien que le haga el trabajo duro, claro con el apoyo presidencial. Es lo que sucede en Estados Unidos, en donde en contra de los pronósticos, el presidente Barack Obama ha seguido la misma política dura de la anterior administración por la protección de los derechos de propiedad intelectual. No hay que olvidar la influencia enorme, tanto política como económica, de las principales organizaciones lobistas vinculadas a la industria del entretenimiento y farmaceútica en Estados Unidos. ¿Quién aplica la política del big stick? Lo hace la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, mejor conocida, como United States Trade Representative (USTR), que depende directamente del presidente.

El pasado 30 de abril, como es de costumbre, la USTR publicó la llamada Lista Especial 301, un mecanismo unilateral y que data desde hace más de quince años, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revisa la situación de los derechos de propiedad intelectual con los países que tiene relaciones comerciales. En virtud de esta atribución legislativa, en caso de que el gobierno americano considere que un país está violando los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de compañías norteamericanas, puede unilateralmente suspender el intercambio comercial. Esta disposición se ha mantenido, incluso, luego de haber suscrito tratados de libre comercio, que establecen sus propios mecanismos de disputas de controversias, con países que incluso lo incluyen en la lista 301. Es decir, un contraste con las normas internacionales aprobadas por los Congresos de los países firmantes de estos tratados de libre comercio, incluyendo el Congreso de Estados Unidos.

Hay dos tipos de vigilancia, según la 301: La Lista de Vigilancia Prioritaria (Priority Watch List), que en este año, incluye a doce países: China, Rusia, Algeria, Argentina, Canada, Chile, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela.

Y, en segundo lugar, está la Lista de Vigilancia No Prioritaria (Lower Level Watch List):Belorusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Arabia Saudita, España, Tajakistán, Turquía, Turkmanistám, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

Las informaciones que nutren este reporte son suministradas por los oficiales comerciales que trabajan en las respectivas sedes diplomáticas de Estados Unidos en estos países, incluyendo las informaciones que suplen las organizaciones lobistas directamente en Washington. Hasta este momento, no se ha producido ninguna reacción oficial del gobierno dominicano sobre la inclusión de la República Dominicana en esta lista, y siendo objetivo, a diferencias de cómo era el texto en épocas pasadas, el mismo contiene un dato muy cierto: la deficiencia del gobierno está en la implementación de las leyes de propiedad intelectual. En España, aunque la acusación unilateral es de otra naturaleza (las descargas por internet), por citar un caso en el que sí ha sido divulgado en la prensa, la reacción no se ha hecho esperar: EEUU abronca a España por 'pirata'.

Sí creo que, como país signatario del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, la lista 301 es una afrenta a la normativa internacional, ya aprobada por nuestros respectivos congresos, y que constituye parte de nuestra legislación interna. Igual sucede con Chile, Canadá, Costa Rica, México y próximamente Perú.

Pero, con pesar, reconozco que aquella frase de Theodore Roosevelt, que luego se ha convertido en "la política del big stick", dicha en 1901, será muy difícil que sea vencida por actual administración en Estados Unidos, aunque las esperanzas nunca se pierden.