La ley "mordaza" de los Kirchner

Hace unos meses atrás, me había referido al cambio que se está produciendo en Argentina, evidenciado en las recientes elecciones legislativas, en donde la oposición ganó la mayoría. En el interés de pasar factura a quienes apoyaron a la oposición, el oficialismo, representado por el matrimonio Kirchner, han presentado un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que más que una reforma , se trata de un traje a la medida en contra del grupo de comunicación Clarín, dueños de varios canales, emisoras de radio y de uno de los principales diarios argentinos. A este proyecto de ley le han llamado la ley "mordaza".

El proyecto de ley prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). En otras palabras, el Grupo Clarín, que respaldo el cambio electoral en las pasadas elecciones legislativas, tendría que desprenderse de varios de sus medios.

Incluso, aún antes de que se apruebe esta ley, ya hubo el primer paso en contra del Clarín, que consistió en que el gobierno argentino, en unión con la Asociación de Futból Argentino, rescindió el contrato de transmisión de juegos de futból que se hacía por uno de los medios del Grupo Clarín, y se traspasó a la televisión abierta, que es pública. Aquí esta la explicación de todo esto.

El peor error que puede cometer un gobierno es cuando decide crear reglas o leyes que restringan la libertad de expresión. Tiene un efecto boomerang. Es lo mismo que está aconteciendo en otras naciones latinoamericanas en donde a quienes disienten se les aplica un régimen sancionador administrativo para evitar que sus medios de comunicación sigan operando. Todo porque el diario Clarín publica trabajos de investigación que develan la corrupción que existe actualmente en Argentina, tal como éste.

Bajo el argumento de luchar contra la concentración de medios no puede escudarse la intolerancia en contra de la libertad de expresión. Son dos aspectos distintos y distantes. Pero, en el caso de Argentina, es obvio que se trata de una retaliación política, que ojalá que la sensatez de los legisladores (que dicho sea de paso terminan su mandato en diciembre, y que por lo tanto es un Congreso que no debería avocarse a hacer reformas de esta naturaleza, y permitir que sea el nuevo Congreso que las estudie) impida esta iniquidad.