Estoy entre los 200

Durante esta semana, estuve presente en el acto de presentación del “Anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional” (ALPC), preparado por la Comisión de Expertos que integró la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. La Comisión está y estuvo presidida por el jurista Eduardo Jorge Prats, quien tuvo a cargo la presentación del anteproyecto.

El ALPC constituye una iniciativa trascendental que nos viene en un momento muy oportuno en el que se están discutiendo un conjunto de reformas políticas, económicas y sociales que deberán ser la base del Estado, moderno, eficiente y transparente, al que aspiramos los dominicanos en este Siglo 21.

Si algo ha demostrado la evolución del Derecho en medio de la Sociedad del Conocimento, caracterizada por el uso de las tecnologías de la información y del conocimiento, como una herramienta para la transparencia de la gestión pública, es que ya los actos de gobierno, en sentido amplio, están sometidos al control de su constitucionalidad y de su legalidad. La tesis de que, en algunos casos excepcionales, determinados actos de Estado o de gobierno, incluyendo todos los Poderes del Estado, estaban exentos de este examen, ha quedado sepultada.

Como “operador” del sistema, puesto que en mi calidad de Secretario General del PRD, he tenido que, a nombre de nuestra organización política, recurrir a la Suprema Corte de Justicia mediante el depósito de una acción en inconstitucionalidad en contra del acto suscrito por el Presidente de la República para la obtención de un préstamo de US$130 millones de dólares con la empresa Sun Land, sin la aprobación del Congreso Nacional, el ALPC es definitivamente la solución a la ausencia de decisión y al estado de incertidumbre en que la Suprema Corte de Justicia tiene a más de 200 recursos de inconstitucionalidad pendientes de solucionar, al crearse una Cuarta Sala Constitucional con facultad legal para decidir estas acciones.

Asimismo, el ALPC intenta definir el concepto de “parte interesada” en la que la amplía al “denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”. Sobre este particular, y aunque reconozco el interés de la Comisión de Expertos en hacer un proyecto simple y sencillo, lo que es una tarea compleja, oportuno sería revisar el concepto de “denunciante” para que no quede ninguna duda de que se refiere a todo “ciudadano o grupo de ciudadanos, asociaciones u organizaciones no gubernamentales, incluyendo las políticas, empresariales, sindicatos, o de cualquier naturaleza”.

La anterior inquietud obedece a que como “operario” del sistema, en representación de una organización política dotada de Estatutos y reconocida por ante la Junta Central Electoral, hemos tenido que enfrentar en todas las instancias judiciales sobre el caso de la Sun Land, incluyendo en la acción que reposa ante la Suprema Corte de Justicia, la opinión conservadora e irracional del Ministerio Público en el sentido de que nuestra organización política no tiene calidad para interponer una acción de esa naturaleza, lo cual no se corresponde con el pensamiento constitucional que ha impulsado no solo la actual Suprema Corte de Justicia, sino la más acabada doctrina constitucional dominicana.

También, el ALPC resuelve la situación planteada cuando el Ministerio Público no emite oportunamente en el plazo de 15 días su dictamen al establecer que “la falta de dictamen del Procurador no impide la tramitación y fallo de la acción en inconstitucionalidad”.

Finalmente, el ALPC impone un plazo de dos meses, a partir de la celebración de la audiencia, lo cual es una novedad (al otorgar carácter contencioso), para la emisión del fallo o sentencia. De ambas situaciones anteriores, como “operario” del sistema, al igual que 200 recurrentes o impetrantes o denunciantes, hemos sido víctima.

Esta iniciativa de la FINJUS y al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, debe ser apoyada, y desde ya, nuestra organización política les brindará todo su apoyo en el Congreso Nacional para convertirla en realidad, y así fortalecer nuestra justicia constitucional.