El modelo de regulación

Publicado en El Nacional, sábado 26 de julio de 2008.


Desde la década de 1990, la República Dominicana inició la ardua tarea de transformar el rol del Estado, de administrador a regulador en los servicios públicos. Con la capitalización y privatización en áreas fundamentales como electricidad, transporte y salud, se completó un proceso que se inició con la privatización de las telecomunicaciones en los albores de la democracia moderna.

Este paso trascendental implicó decisiones políticas valientes que asumieron los que ejercieron la Presidencia. El Estado sacrificaría su capacidad de participar, como parte interesada, en la administración y control de los servicios públicos, para ser regulador, independiente e imparcial, de los servicios públicos que pasaron, mediante el cumplimiento de requisitos legales y económicos, a manos del sector privado.

El modelo de regulación de los servicios públicos, que se originó en Europa y se extendió por Estados Unidos, América Latina y Asia, y en menor medida por África, ha sido exitoso. Permanecen excepciones a la regla, como Costa Rica, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en manos del Estado, mantiene una influencia impresionante en toda la sociedad.

Bajo este modelo, surgieron en el país nuevas instituciones estatales, como la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Pensiones, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, como órganos reguladores de servicios. Todas, bajo sus respectivos marcos legales, y subordinadas a una serie de principios fundamentales para el desempeño de sus funciones.

Indudablemente que la implementación de este modelo de regulación de los servicios públicos no ha sido igual en todas las áreas. En el caso de la electricidad, en donde el Estado tiene intereses en el sector, todavía la Superintendencia de Electricidad requiere de mayor fortaleza institucional y autonomía. En el caso de la seguridad social y las pensiones, se necesita fortalecer el debido proceso en la toma de decisiones por parte de las autoridades reguladoras. Y en el caso de las telecomunicaciones, su eficiencia reguladora enfrenta el reto de implementarla ante la promulgación de nuevas leyes que norman los actos del Estado. Finalmente, en el caso del transporte, la controversia existente entre una empresa extranjera y el sindicato de transportistas revela la necesidad de establecer una real y efectiva autoridad reguladora del transporte público.

El modelo de regulación de servicios públicos está fundado para proteger a usuarios y consumidores, garantizándoles su derecho de elegir, de las ofertas en el mercado, las mejores opciones, en el marco de la libre y leal competencia.

Ante la evolución del Estado de Derecho, algunos observan, con preocupación, la ineficacia del modelo de regulación de los servicios públicos ante los diversos problemas que actualmente enfrenta el consumidor. El tema es apasionante, y sobre el mismo, continuaré la próxima semana.