¿Reforma o nueva Constitución?

(Esta es la segunda y última parte del artículo que publico hoy en El Nacional)

Definitivamente, el Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana eliminaron “la Constituyente” de la reforma constitucional presentada al Congreso Nacional, obviando los resultados de la Consulta Popular, y aún más grave, las recomendaciones hechas en abril de 2007 por la Comisión de Juristas designados por el propio Presidente Fernández.

En el proyecto depositado al Congreso Nacional, se eliminó completamente la propuesta de Capítulo III titulada “De la Asamblea Constituyente”, dentro del Título XIII sobre “Disposiciones General y Transitorias”. Asumo que, en las decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se acordó esta eliminación, pues no se ha producido, hasta el momento en que escribo estas líneas, un desmentido por parte del partido oficial, y por vía de consecuencia, preveo que esta será su posición en las discusiones de la Asamblea Revisora.

Lo lamentable de esta eliminación de “la Constituyente” del proyecto de reforma es que justamente estamos en presencia, como dije en mi entrega anterior, no de una reforma parcial, sino de una reforma íntegra de la Constitución, que, usando la expresión de los juristas españoles contratados por la Comisión Ejecutiva de la Reforma Constitucional, representa una “quiebra constitucional”, es decir una ruptura del ordenamiento jurídico e institucional existente hasta la fecha.

Por si alguien tiene alguna duda de lo anterior, basta con observar que el gran ganador de toda esta reforma sería el Presidente de la República, quien, si antes tenía el poderoso artículo 55, ahora se convertiría en “Amo y Señor” por encima de los “Poderes formales del Estado” establecidos en la misma. No solamente seguirá siendo Jefe de la Administración Pública, sino que podrá crear los Ministerios sin Cartera y Vice Ministerios, por decreto, sin restricciones ni limitaciones; y fijar todo lo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos.

La propuesta debilita igualmente las funciones del Poder Legislativo, especialmente en lo relativo al contrapeso que debe ejercer. No existe una sola propuesta que obligue rendición de cuentas claras, rutinarias y transparentes del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Incluso, se plantea eliminar el examen de las cuentas anuales por parte del Congreso. Y para agravar más las cosas, todavía el Poder Ejecutivo estaría por encima de la Cámara de Cuentas, puesto que su nombramiento dependería de las ternas que el Presidente de la República someta al Congreso. Ya sobre esto, hemos visto las experiencias recientes.

Asimismo, la propuesta del Presidente Fernández debilita y desmiembra al Poder Judicial, que con sus altas y sus bajas, ha sido el Poder del Estado que mejor desempeño ha tenido desde el año 1997. Utilizando la expresión del destacado jurista dominicano, Olivo Rodríguez Huertas, el Poder Judicial fue víctima de una “cirugía mayor”. En ese sentido, apoyo la “segunda ola de reformas” propuesta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el 7 de enero de 2007.

Sin embargo, ese debilitamiento del Poder Judicial, que pretende el presidente Fernández, deja intacto al Ministerio Público, que, según la propuesta, sigue estando bajo la sombrilla del Presidente de la República, a pesar de la existencia de la Ley que crea el Estatuto del Ministerio Público y del excelente trabajo que realiza la Escuela del Ministerio Público, en contra de los vientos y de las mareas.

Al crear estas distorsiones y debilidades institucionales, erigiéndose como un Leviatán, es que queda claro el interés oficial de no solo impedir que la actual reforma constitucional sea discutida a través de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de su completa eliminación en el texto propuesto para futuras revisiones constitucionales, lo cual no comparto, al igual que amplios sectores de la vida nacional.