En la vida siempre hay episodios que marcan a las personas, e independientemente del paso del tiempo, el ser humano se recuerda de diversas situaciones que afectan a terceros. Como consecuencia de la profesión de mi padre, durante mi adolescencia, siempre escuché el nombre de Miguelina Llaverías en mi hogar.
A pesar de que el destino hizo que mi padre se dedicara a tiempo completo en las luchas políticas, aunque fuera a distancia, siempre sentí la admiración y el respeto por Miguelina Llaverías y sus hijos, con quienes compartí la primaria del Colegio Las Américas en Santiago. En el 2006, promoví desde la Fundación e-Libertad un estudio sobre la violencia de género en el país, me volví a reencontrar con ella, y desde entonces, le he dado seguimiento a su caso.
Al igual que miles de ciudadanos, expresé mi solidaridad con ella cuando fue víctima del atentando contra su vida el 2 de octubre de 2005 por parte de la intolerancia machista. También, saludé y apoyé la decisión del Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago que condenó al autor intelectual y a los autores materiales de tan deleznable acto criminal.
Por las noticias de prensa, me he enterado de que la Corte de Apelación del Departamento Judicial pospuso el pasado martes 18 de marzo, la lectura de la sentencia, que, con motivo del recurso de apelación interpuesto por su ex esposo, para el 31 de marzo. De acogerse el recurso de apelación, el caso se conocería nuevamente, desde cero.
Siempre he sido un defensor de los derechos del justiciable y del debido proceso de ley. Lo que no se puede permitir es la desnaturalización de los procesos judiciales, sobre la base del ejercicio de las llamadas “garantías judiciales”, para impedir que se administre justicia, con imparcialidad y objetividad. Teniendo, incluso, todos los antecedentes de este caso, que evidencian claramente cómo Miguelina Llaverías está viva por la intervención divina.
La verdad tiene que ser dicha. En el caso de las víctimas de la violencia de género, salvo honrosas excepciones, la ley se ha quedado corta. Es decir, no basta la existencia de un ordenamiento legal que sancione esta brutalidad, sino que es necesario que el Poder Judicial asuma su responsabilidad.
Más aún, se hace necesario que, después del proceso electoral, se establezca una política de Estado, concertada e incluyente, contra la violencia de género, incluyendo en más medidas culturales, educativas, sociales y laborales que den más autonomía e igualdad a las mujeres.
Nadie puede estar tranquilo ni conforme hasta que no se logre erradicar ese signo de intolerancia que es la violencia machista. El 31 de marzo los ojos estarán sobre la Corte de Apelación de Santiago. En solidaridad con Miguelina Llaverías y las víctimas de la violencia de género.
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