El caso del PNVC

Impedir la participación en las elecciones del 16 de mayo, de un partido político reconocido por la Junta Central Electoral, como es el caso del Partido Nacional de Veteranos y Civiles, que ya había electo a sus Candidatos a Presidente y Vicepresidente, en asambleas que habían aprobado también pactos de alianza, constituye un atentado a los derechos constitucionales y legales de esa organización política, que obliga al resto de los partidos políticos, al margen de las diferencias, a no permanecer indiferentes.

La razón que fundamenta la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral es sobre el argumento de que la Asamblea del PNVC que aprobó el pacto de alianza con el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) no contó con la supervisión y fiscalización de la Cámara Administrativa, a pesar de que la misma fue solicitada. Más aún, la fiscalización, de conformidad con la Ley Electoral, es facultativa, no obligatoria.

Hay que recordar que la Cámara Contenciosa, a propósito de una litis originada a lo interno de ese partido, a raíz de que un sector del mismo intentó inscribir la candidatura del Presidente Leonel Fernández, en desmedro de la alianza previamente concertada, admitió el pacto de alianza. De ahí es que la decisión del Pleno de la Junta sienta un precedente que lacera la institucionalidad del alto tribunal electoral.

Ante esta situación, el PNVC ha sometido un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo a fin de que repare esta violación, y ordene la inscripción de las Candidaturas a Presidente y Vicepresidente en la boleta electoral del 16 de mayo. Si el Tribunal dictara esa decisión se estaría evitando un mal precedente que afectaría la soberanía interna de los partidos políticos.

Oportuno es señalar que, en el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, está conociendo actualmente la demanda presentada por el Ex Candidato Presidencial independiente Jorge Castañeda en contra de México, debido a que los tribunales mexicanos le negaron la posibilidad de inscribir su Candidatura en las elecciones presidenciales del 2006, bajo el fundamento de que solo los partidos políticos tienen el derecho a postular candidatos a cargos de elección popular.

El día 8 de febrero de 2008 se conoció la audiencia mediante la cual el Ex Canciller mexicano demandó al Estado mexicano por violar el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece los requisitos admisibles para ejercer el derecho ciudadano a ser votado.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, ratificada por la República Dominicana, y por lo tanto, es norma interna del país, establece claramente que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas”.

Y añade, “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Conforme a este texto, está muy claro. La causa argumentada por la Junta Central Electoral desborda totalmente los límites establecidos por el Pacto de San José. Por lo tanto, que la Junta Central Electoral rectifique, y en aras del fortalecimiento de la democracia, e incluya al PNVC en la boleta electoral del 16 de mayo.