Ejes de la reforma electoral

Acabo de participar, en representación del PRD, en las Vistas Públicas sobre el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que fueron presididas por la Comisión Especial designada por la Cámara de Diputados. A propósito de nuestra participación en las referidas Vistas Públicas, compartiré algunas reflexiones sobre los ejes que debe contener la reforma electoral, tan necesaria a la luz de las lecciones vividas en las pasadas elecciones.

Esta reforma abarcaría tres ejes fundamentales del sistema electoral dominicano: Por un lado, la ley de partidos políticos, para organizar la vida partidaria; Por otro lado, las reformas a la actual Ley Electoral para asegurar la ejecución de las decisiones de la Junta Central Electoral; y por último, aprobar la Ley de Garantías Electorales con el fin de asegurar que los procesos electorales estén rodeados del equilibrio y la igualdad en todos los partidos políticos, y que el peso del Estado no se utilice a favor o en contra de uno de los mismos.

El primer eje de la reforma electoral es la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. En ese sentido, hay varias iniciativas que se han divulgado, entre ellas, la del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Participación Ciudadana y el propio proyecto que está conociéndose en la Cámara de Diputados. Cada una de estas iniciativas tiene algunas particularidades que las hacen diferentes, pero lo importante es que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados sea enriquecido a través de las discusiones entre los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interesados en este tema. La propia Junta Central Electoral debería hacer sus planteamientos respecto a esta iniciativa.

El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas representa la oportunidad para fortalecer el sistema de partidos políticos del país, y con ello, nuestra democracia. Es necesario que las actividades de los partidos, incluyendo su gestión financiera, sean totalmente transparentes y expuestas a la sociedad, incluyendo las sanciones correspondientes en caso de violación a las normas legales.

De igual manera, se hace necesario que el transfugismo político que tanto daño le ha hecho al sistema de partidos sea debidamente sancionado. La experiencia de países como Chile, Argentina, España y Perú nos debe servir, como referencia, para adoptar nuestra propia solución a este tema que nos golpea en la cara cada vez que viene un proceso electoral. La ley no puede ser indiferente ante esta realidad que se está convirtiendo en un elemento intrínseco del clientelismo del Estado.

El segundo eje lo es la reforma a la actual Ley Electoral. Al margen de una serie de propuestas tendentes a la propia composición de la actual Junta Central Electoral, este proceso electoral evidenció la necesidad de que se cree la Procuraduría o Fiscalía Electoral con el fin de perseguir judicialmente los delitos electorales, y asegurar la ejecución de las decisiones del tribunal electoral.

Y por último, pero no menos importante, es el tercer eje que consiste en la Ley de Garantías Electorales, sobre la cual me he referido en artículos anteriores. El Estado no puede ser usado, sin ningún tipo de control, durante los procesos electorales para favorecer o desfavorecer a partidos políticos, sobre todo, con la reelección presidencial. La experiencia de Colombia es el principal referente.

La reforma electoral, bajo estos tres ejes, debe ser la tarea inmediata y prioritaria para lograrlas antes de las elecciones del 2010. En esa tarea, el PRD estará haciendo los aportes institucionales correspondientes para fortalecer y garantizar los derechos electorales al amparo de la Constitución y las leyes.