Bonao y el gobierno

El pasado miércoles estuve de visita en Bonao, provincia de Monseñor Nouel, sosteniendo reuniones y encuentros con los líderes y dirigentes comunitarios, políticos y sociales, para conocer sus reacciones ante el impacto del cierre o “shut down” de la empresa Falconbridge Dominicana, lo que ha provocado el despido de 900 empleados. Este domingo, a las 9 am, por Color Visión, transmitiré por Líderes el reportaje completo de los encuentros sostenidos en esta localidad.

Si alguien tenía alguna duda del impacto de la crisis financiera global en nuestro país, lo invito a que visite Bonao. Hace unos meses atrás, Bonao ya había sufrido el cierre casi total del Parque Industrial de Zonas Francas, y de la disminución de las operaciones de la Zona Franca Dos Ríos, y ahora sufre con el cierre de la Falconbridge, la cual, en razón de la influencia que tiene en esta provincia, agrava la situación económica y social de la provincia.

El bajo precio del níquel y las fluctuaciones en el precio del barril del petróleo fueron los dos argumentos que motivaron la decisión para cerrar temporalmente a la empresa. El modelo de negocio lo era rentable, y por consiguiente, se despidieron los 900 empleados, lo que repercutirá en unas 4,000 a 5,000 personas que dependen de estos empleos. También, tendrá un “efecto dominó” en el comercio.

Cuando uno analiza esta situación, no deja de preguntarse: ¿Pero, cómo es que siendo el Estado dominicano accionista de la Falconbridge con 285,982 acciones, no tuviera un rol más activo en este caso? ¿Cómo es que siendo el Estado dominicano cliente de la Falconbridge en la compra de energía, no buscara una fórmula más creativa para evitar que 900 dominicanos fueran despedidos? ¿Qué pasó entre el momento que el accionista (Estado dominicano) tuvo conocimiento de la decisión que iba a adoptar la empresa en agosto del presente año?

La reacción del gobierno ha sido tardía. Después del “palo dado”, como popularmente se dice. Ya las cartas comunicando el desahucio laboral han sido distribuidas entre los empleados, por lo que la acción del gobierno es luego de que la decisión corporativa ha sido tomada. A pesar de esto, es posible revertirla, aunque su solución sea más compleja. Si para las zonas francas se creó un fondo de estabilización para empleo, sería prudente crear un fondo para la protección de los empleados desahuciados por la Falconbridge, con los mismos recursos que se generan por la compra de energía a esta compañía multinacional, sin ningún costo adicional para el pueblo dominicano.

Por otra parte, el cierre temporal de la Falconbridge ha relanzado al debate público el destino de los beneficios que han generado las 285,982 acciones del Estado dominicano, y que, en razón de la Ley 507-05, se deben distribuir en 70% para la provincia de Monseñor Nouel; 20% para La Vega; y y 10% para Sánchez Ramírez. Sería saludable que se publicara lo que se ha hecho en la provincia de Monseñor Nouel con estos recursos, pues esta provincia padece de una serie de problemas (como la carencia de agua potable y electricidad, a pesar de sus extraordinarias fuentes hidrográficas).

La crisis financiera global ha demostrado que es la hora de gobernar. En Bonao, el gobierno tiene las soluciones en sus manos.