¿Mayoría para el progreso?

Todavía retumban en los oídos el slogan de la pasada campaña electoral mediante la cual el PLD promovió a sus candidatos, y obtuvo la mayoría en el Congreso Nacional. No voy a referirme, en este artículo, al uso de los recursos del Estado para lograr tales objetivos, puesto que este tipo de prácticas ha merecido y merece el rechazo generalizado, y debe ser un compromiso de la nueva generación de dirigentes políticos actuar de manera diferente.

Ya la mayoría del PLD tiene casi cinco meses en el Congreso Nacional, y los resultados que hemos visto en este corto período no han satisfecho las expectativas de la mayoría del pueblo dominicano, pues hemos visto que esta mayoría del PLD ha aprobado nuevos impuestos, nuevos préstamos internacionales y más recientemente, un presupuesto que vulnera y violentan diversas leyes sectoriales que, en su momento, se consideraron como logros significativos para el fortalecimiento de nuestra democracia.

Con respecto a la última reforma fiscal, nunca antes hubo un proyecto que obtuviera tanto rechazo por parte de los sectores empresariales, comerciales, sindicales y de la sociedad civil. Todos, aunque con voces y estilos diferentes, reclamaron que no eran necesario los nuevos impuestos, y que lo que se imponía era un plan de austeridad, tal como prometió el presidente Leonel Fernández en su discurso de toma de posesión del 16 de agosto de 2004, que se ha quedado como una promesa incumplida.

El año 2007 se ha iniciado, recibiendo los dominicanos el impacto de esta nueva reforma fiscal, con incrementos en los precios de los diversos productos y servicios, sin que el consumidor se sienta que tiene un organismo que pueda hacer valer y defender sus derechos. El golpe más fuerte lo ha sentido el sector transporte, con todas sus derivaciones, puesto que afecta al usuario del transporte, a la carga que se transporta y a los propietarios y dueños de los medios de transporte.

La otra noticia impactante ha sido la aprobación del presupuesto y ley de gasto público que, al margen de las consideraciones políticas como el hecho de haber asignado 12,500 millones a la construcción del Metro de Santo Domingo en detrimento de otras áreas esenciales para el país, contiene disposiciones que violan las leyes siguientes: Ley de Autonomía del Poder Judicial, la Ley de Autonomía de los Ayuntamientos, la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas y la Ley General de Educación.

Como consecuencia de esta violación incurrida por la mayoría del PLD en el Congreso Nacional (la oposición se opuso), la Suprema Corte de Justicia dejará de recibir más de 1,000 millones de pesos; los Ayuntamientos dejarán de recibir más de 6,000 millones de pesos, y la Secretaría de Estado de Educación dejará de recibir más del 40% de su presupuesto.

Ante esta realidad, el PRD no se ha quedado con los brazos cruzados, y hemos tomado lanzar una acción legal sin precedentes, que es la de interponer un recurso de amparo para que los tribunales dominicanos ordenen que las asignaciones presupuestarias sean conforme a la ley. Ante el ejercicio irracional de la mayoría en el Congreso Nacional, debe reinar el imperio de la ley.