La cláusula democrática

Con motivo del anuncio formulado por el PRD de que apoderará a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a otras organizaciones e instituciones de la comunidad internacional sobre el uso y abuso de los recursos del Estado con fines de promover la reelección del presidente Leonel Fernández, es oportuno recordar que el Estado Dominicano es suscribiente de la “Carta Democrática de la OEA” , aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima.

Este instrumento jurídico que vincula a todos los Estados del Continente Americano contempla claramente en sus artículos 18, 19 y 20 que cualquier alteración o ruptura institucional del orden democrático constituye un obstáculo insuperable para la participación de dicho Estado en todas las instancias y esquemas pertenecientes a la OEA. Es la implementación de la cláusula democrática originalmente aprobada en Québec en abril del 2001.

Según el artículo 3, “ son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión soberana del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Por su parte, el artículo 4 nos recuerda que “son componentes fundamentales de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Es una responsabilidad del Estado dominicano “organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos” (Art. 23), lo que significa que el proceso electoral del 16 de mayo de 2008 debe ser transparente y rodeado de las garantías electorales que aseguren la igualdad de condiciones. La Junta Central Electoral está seriamente comprometida en la diafanidad de la próxima contienda electoral.

Además de la JCE, hay dos actores esenciales en este proceso. Por un lado, el gobierno, que tiene un Candidato a la reelección, y, por otro lado, los partidos de oposición, que reclaman y exigen que el presidente Leonel Fernández se apegue a la legalidad. La cláusula democrática constituye un seguro para la oposición. Para el gobierno, la misma pende como la espada de Damocles en su plan reeleccionista.