El Control del Leviatán

De mi época de estudiante de Derecho, siempre recuerdo la clase de Derecho Administrativo impartida por la jurista Rosina de la Cruz de Alvarado, cuando nos decía que el Estado está sometido a un conjunto de reglas que norman y controlan su actividad. Se trata del principio de la legalidad en el que deben estar enmarcados todas las decisiones del Estado.

Es la esencia misma de la democracia que ha establecido la separación de los poderes. El Congreso Nacional no solo existe para aprobar las leyes, sino para controlar, a través del sistema de rendición de cuentas, las actividades del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es el garante de la aplicación de la ley. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está sometido a estos dos controles, al del Poder Legislativo, y al del Poder Judicial.

La propia Constitución de la República se encarga de establecer el funcionamiento de estas reglas. Por ejemplo, en el caso de los empréstitos, dispone en su artículo 37, numeral 23, que es atribución del Congreso Nacional, autorizar o no los empréstitos que comprometen el crédito de la República Dominicana.

Por lo tanto, ningún funcionario de la República Dominicana, sin distinguir su jerarquía, puede colocarse por encima de la Constitución de la República. El Presidente Leonel Fernández no puede suscribir un poder delegando a otro funcionario la firma y suscripción de un préstamo que comprometa el crédito del país, sin la autorización del Congreso Nacional. Tampoco, puede, por consiguiente, el funcionario delegado suscribir 19 pagarés por un monto total de US$130 millones, sin la aprobación del Congreso.

Más grave es que esos pagarés o notas sean comercializados en los mercados internacionales, sin el conocimiento del Congreso Nacional, ni de ninguna otra autoridad del área económica del Gobierno, con el propósito de obviar el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Más lamentable es, aún, que las entidades bancarias o financieras hayan presentado el cobro de estos pagarés al gobierno dominicano, sin que el gobierno emitiera ninguna explicación sobre el origen de este endeudamiento.

Al margen de la empresa privada que está involucrada en este caso, no se trata de un problema con una empresa. Es un problema que compromete al Estado Dominicano, en la persona que ostenta su representación, el Presidente de la República, quien no observó las reglas previstas en nuestra democracia, a través de la Constitución de la República. Las responsabilidades deben ser establecidas. El Leviatán debe ser controlado.